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USO exige el desarrollo urgente de la Ley de Bomberos Forestales ante el repunte de incendios en 2026: estabilidad laboral, reconocimiento de enfermedades profesionales y fin de las exclusiones autonómicas en PRL

Los bomberos forestales son la primera línea contra el fuego pero que el Estado sigue sin proteger de forma adecuada. El año 2025 se cerró como el peor ejercicio en incendios forestales en décadas en España, con 354.005 hectáreas quemadas. Se registraron 63 Grandes Incendios Forestales (GIF), ocho personas fallecieron y 150.000 fueron evacuadas o confinadas.

El inicio de 2026 ha sido aún más preocupante. En el primer trimestre se quemaron 12.946 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo de 2025. El noroeste peninsular concentra el 60% de los siniestros y el 89% de la superficie afectada. En lo que va de 2026 ya se han registrado ocho Grandes Incendios Forestales (GIF), a los que habría que sumar otros fuegos de gran virulencia que han elevado la superficie quemada hasta más de 30.000 hectáreas en junio. Es la prueba de que la temporada de incendios ya no espera al verano y se ha convertido en permanente.

Bomberos forestales, frente a riesgos pero sin protección

Detrás de estas cifras hay personas. Los bomberos forestales trabajan expuestos a siete sustancias cancerígenas distintas cada vez que se ponen ante el fuego. El estrés térmico, radiaciones, jornadas interminables y disponibilidades no retribuidas son las condiciones a las que se enfrentan a diario. La salud mental se resiente gravemente. La mitad de los bomberos forestales presenta síntomas de ansiedad y estrés postraumático. Más de la mitad sufre depresión. Sin embargo, ninguna de estas patologías es reconocida como enfermedad profesional.

También, el marco normativo falla en su protección. Varias comunidades autónomas excluyen ilegalmente a estos trabajadores de la aplicación íntegra de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Contradice así la jurisprudencia del TJUE que solo admite excepciones funcionales y extraordinarias, nunca exclusiones sectoriales permanentes.

Además, el reglamento específico exigido por la Ley 5/2024 de bomberos forestales sigue sin aprobarse, encontrándose la tramitación del proyecto del Real Decreto para el desarrollo de la Disposición Final 1ª de dicha Ley en suspenso por falta de consenso. La inacción política perpetúa una inseguridad inaceptable. Quienes se enfrentan al fuego no pueden hacerlo con contratos precarios, equipos insuficientes y una administración que mira hacia otro lado.

Campaña USO en defensa del colectivo de bomberos forestales y de prevención de incendios

USO se ha reunido con Cristina Narbona, presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso y con portavoces de los grupos parlamentarios, así como con el Director General de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, dentro de la campaña para trasladar la grave situación que atraviesa el colectivo de bomberos forestales en España.

En este sentido, FAC-USO ha recopilado en un informe las propuestas concretas y viables para el desarrollo urgente y la plena aplicación de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, y la mejora de las condiciones laborales, sanitarias y operativas del colectivo. Se articulan en seis ejes fundamentales:

  1. Reconocimiento como empleados públicos esenciales. USO exige equiparar a los bomberos forestales con los cuerpos de emergencia y seguridad del Estado, aplicando íntegramente la LPRL sin exclusiones autonómicas, e incluyéndolos en el EBEP con reconocimiento de agente de la autoridad.
  2. Estabilidad laboral durante los 12 meses del año. Reclamamos acabar con la estacionalidad, impulsando la contratación estable todo el año.
  3. Salud laboral integral y desarrollo del reglamento de PRL. Denunciamos el incumplimiento del plazo de un año para aprobar el reglamento de PRL y crear la comisión de enfermedades profesionales. Se exige actualizar el cuadro de enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006) para incluir patologías respiratorias, cardiovasculares, musculoesqueléticas y psicosociales, así como el reconocimiento retributivo de la peligrosidad y penosidad.
  4. Garantía del servicio rural y dotación de recursos. Subrayamos la necesidad de proteger la interfaz urbano-forestal y dar respuesta a inundaciones, rescates, nevadas u otras catástrofes en el medio natural, incluyendo la contingencia rural como función específica en el artículo 4 de la Ley 5/2024.
  5. Formación estandarizada y continua. Es imprescindible un sistema formativo común, obligatorio, gratuito y en horario laboral, coordinado con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (Real Decreto 659/2023), para homogeneizar la capacitación y garantizar la movilidad profesional.
  6. Ley de coordinación nacional interoperable. Es vital una ley que permita la cooperación efectiva entre comunidades, empresas y cuerpos de emergencia, dando cumplimiento al artículo 3.4 de la Ley 5/2024 y a la Ley 17/2015 de Protección Civil, para responder a incendios que no entienden de límites territoriales.

Exclusión del colectivo en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

En los últimos meses, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de reforma de la LPRL. Sin embargo, desde USO ya advertimos durante el periodo de consultas, mediante la presentación de alegaciones, que el texto adolece de lagunas estructurales insostenibles. Entre las deficiencias técnicas y de protección que hemos denunciado, destacan:

  • La redacción permite interpretaciones que siguen excluyendo a los bomberos forestales de la aplicación plena de la ley.
  • No se establece una prohibición automática de trabajos al aire libre con alerta naranja o roja de la AEMET, dejando la decisión a la “apreciación empresarial”.
  • No se crean herramientas vinculantes para la detección de riesgos psicosociales.
  • El cuadro de enfermedades profesionales no se actualiza para incluir el estrés laboral, el síndrome de burnout o el acoso laboral.

En el lado positivo, el proyecto reconoce los daños a la salud mental e incorpora la perspectiva de género y edad en la prevención. Pero son avances a todas luces insuficientes para un colectivo que lleva años esperando una protección real.